El auge de la inseminación casera en España, el tercer país del mundo
líder en tratamientos de fertilidad, inquieta a la industria de la
reproducción asistida. Las lesbianas que buscan alternativas más baratas
y menos medicalizadas que los tratamientos en clínicas se exponen a
trabas a la hora de registrar a sus bebés.
Loreto tuvo un hijo por inseminación artificial en 2013 a través de una
clínica privada. Para el segundo embarazo ella y su pareja, otra mujer,
decidieron optar por comprar semen a un banco de esperma, Cryos, que
suministra por correo a clínicas y a particulares. Loreto y su pareja
decidieron hacerlo así porque querían evitar la hormonación, las pruebas
y “porque en las clínicas son muy peseteros”, suelta. (...)
La odisea de registrar un bebé con dos madres
María Rodó trabajó activamente en la campaña
feminista por el derecho a la reproducción asistida en Cataluña para
mujeres solteras y parejas de lesbianas. La pelea no se terminó al
lograr el acceso a los tratamientos de la sanidad pública: “Nos trataban
fatal: nos patologizaban, aunque nuestra situación no tenga nada que
ver con la de una mujer que lleva años intentando ser madre”, defiende.
Finalmente, las activistas han conseguido que el
protocolo que regula la reproducción asistida pública en esta comunidad
autónoma recoja que las mujeres con pareja mujer o solteras que no
tengan problemas de fertilidad pueden realizar cuatro intentos de
inseminación sin necesidad de hormonarse.
Pero una vez logrado el acceso se han encontrado otra
piedra en el camino: trabas a la hora de registrar a sus hijos e hijas.
Rodó y su mujer tienen un niño de un año. Pagaron menos de 800 euros a
Cryos por una muestra. Los problemas llegaron cuando fueron a
registrarlo. “La magistrada que nos tocó no aceptaba de ninguna manera
los papeles que teníamos. Nos amenazó directamente, se enfadó, nos trató
fatal, dijo que no lo registraría… En Cataluña te piden un
consentimiento informado de la clínica porque el código civil catalán
así lo dice”, cuenta. Tuvieron que empadronarse en otro lugar y pedir
más documentos a Cryos que verificasen que las mismas que compraron la
muestra eran las que registraban al bebé. La activista ve en estas trabas una manera de desincentivar la autoinseminación.
Actualmente, las parejas de mujeres deben entregar un
certificado emitido por un centro de reproducción humana español y
estar casadas para inscribir a sus bebés, algo que no deben hacer las
parejas heterosexuales. La razón que dan para pedir este certificado a
las lesbianas es evitar una futura demanda de paternidad del donante.
Para muchas esta es una interpretación discriminatoria de la ley.
En febrero, Brenda y María José, un matrimonio de
mujeres, reclamó que su tercer hijo también fuera reconocido como hijo
de ambas después de que un juez de Dénia les pidiera pruebas de que
había sido concebido por técnicas de reproducción asistida, algo que no
se pide a las parejas heterosexuales. Ellas recogieron 100.000 firmas
para que el juez rectificase. La Dirección General de los Registros y del Notariado resolvió el recurso a favor de las solicitantes. Un funcionario les llegó a decir: “¿Y si habéis engañado a un hombre?”
Elena Longares es una activista LGTBQ catalana que
desde hace años pelea para que las instituciones y la sociedad traten de
igual manera a las parejas de lesbianas. Ella también participa en la
campaña que unió a feministas y activistas LGTB para luchar por el
acceso a tratamientos de reproducción asistida públicos. Desde agosto,
está apuntada a un programa de la sanidad pública catalana. “Me
encantaría poder hacerlo en casa, con mi pareja y en la intimidad pero
eso lo complica todo porque nos arriesgamos a que el registro civil de
Barcelona no nos deje inscribir al bebé o la bebé”, dice.
Longares explica que existe una especie de vacío
legal o interpretación libre de la ley porque con el certificado que dan
en el banco de esperma danés sería suficiente. Para ella, la cuestión
es que “no tragan que una mujer gestione su salud reproductiva y decida
cuándo y cómo se puede quedar embarazada sin que haya un hombre, una
clínica o una autoridad médica.”
(...)
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